En julio de 2006, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado colombiano por la masacre de El Aro. Lo consideró responsable por acción de la masacre de los campesinos, pues fue demostrado que en ella participaron miembros del Ejército.
El Estado debe pagar 30.000 dólares a cada familia: el 50% de debe ser repartido en partes iguales a los padres, hermanos y los hijos de cada uno de los muertos y el otro 50% al cónyuge o compañero cuando ocurrió el crimen. En el caso de Wílmar Restrepo que era menor de edad, su familia deberá recibir 5.000 dólares adicionales. También deben ser indemnizados los que perdieron sus casas y ganado, los desplazados y los que sufrieron daños físicos y psicológicos. "La sentencia de la Corte le impone unos pagos del Estado pero aún no ha pagado", dice la abogada Victoria Fallón, del grupo que representa a las víctimas.
Sólo hay un condenado por la masacre de El Aro: FRANCISCO VILLALBA, conocido como Cristian Barreto, quien reconoció que él y cerca de 200 paramilitares violaron mujeres, degollaron, torturaron y mataron 15 personas, saquearon tiendas y casas, y robaron 800 reses que fueron a parar a una finca de Mancuso, en el Bajo Cauca antioqueño. Villalba también reconoció que días antes de la masacre, varios militares de alto rango se reunieron con Mancuso y Carlos Castaño. Dijo que estaba arrepentido y que desde el día de la masacre la culpa no lo dejaba dormir.
La sentencia contra Villalba fue proferida por el Juzgado Segundo Penal Especializado de Antioquia en abril de 2003. También condenó a Carlos Castaño y a Salvatore Mancuso a 40 años de prisión como autores intelectuales de la masacre. Villalba está en La Picota desde 1998, donde debe pagar 33 años de prisión. Mancuso, en cambio, gracias a que se acogió a la Ley de Justicia y Paz podría ser condenado a pagar como máximo ocho años por ese y muchos otros crímenes.
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